MAGISTRADOS FIRMARON CARTA EXIGIENDO EL TÉRMINO DEL EMPLEO PRECARIO EN TRIBUNALES 

09.08.2017

Un grupo de 35 jueces laborales y de familia de distintos tribunales de Santiago firmaron una carta que denuncia las precarias condiciones en que trabajan empleados de aseo y guardias del Poder Judicial. La crítica apunta al régimen de subcontrato o "tercerización de servicios", a través del cual se emplea a estos trabajadores, por lo que no son considerados funcionarios del servicio. La carta, fechada el 1 de agosto, está dirigida al secretario general del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y su detonante fue el empeoramiento de las condiciones laborales de algunos trabajadores por el reciente cambio de la empresa que los emplea.

"Aquí lo permanente es el trabajador y la empresa principal que contrata, en este caso la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero el vínculo entre ambos lo hace una tercera empresa, que es la que va cambiando regularmente", explica el juez laboral Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile y uno de los firmantes de la carta.

Según se explica en el documento (vea una copia de la carta), los trabajadores subcontratados ganan sueldos cercanos al salario mínimo -equivalentes a menos de la mitad de la remuneración más baja del Poder Judicial-, en general necesitan recurrir a un segundo empleo y deben soportar jornadas extenuantes que les impiden gozar de tiempos mínimos para descansar y desarrollar su vida familiar. "Además, este modelo tiene un sentido ideológico, porque la gente no puede sindicalizarse para ejercer sus derechos", agrega Flores.

Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile

"Este modelo de contratación y sus consecuencias (...) se ha desarrollado en el ámbito privado y ha sido asumido por el aparato público. Resulta lamentable que se haya adoptado irreflexivamente como si se tratare de una ley de la naturaleza, a la que no es posible resistir", señala la carta. Una crítica que resulta particularmente potente al provenir de magistrados que imparten justicia precisamente en causas laborales.

En referencia al reciente cambio de la empresa contratista de aseo para algunos tribunales de Santiago, el texto suscrito por los magistrados indica:

"En estos días la sustitución de una empresa por otra en los Tribunales Laborales y de Familia ha significado que se les ofrezca (a los empleados) sustituir las jornadas pactadas de trabajo, hacia jornadas de mayor extensión; que se les impulse a renunciar, sacrificando a personas que prestas servicios continuos hasta por nueve años, perdiendo antigüedad y derecho a compensación de feriado, entre otros derechos":

"Los jueces constataron que había mucha gente afligida, personas llorando, porque en este tipo de cambios, como se sabe, les imponen nuevas condiciones y si no aceptan, tienen que irse. Las hacen renunciar, perdiendo antigüedad", explicó a CIPER el presidente de los magistrados.

"Estimamos que esta forma de contratación en el ámbito público es inmoral. Deshumaniza el trabajo, genera sufrimiento a quienes deben proveerse de sustento para vivir en condiciones dignas (...) precarizando a miles de personas que contribuyen a que se realice la labor pública de impartir justicia", reza la carta.

Además, en el texto los jueces califican al subcontrato como "económicamente ineficiente", refutando una de las razones que normalmente se esgrime para justificar esta modalidad de empleo, tanto en el ámbito público como en el privado:

-Tenemos un muestreo de los dos últimos años con al menos seis juicios laborales, solo en Santiago, donde la propia Corporación ha tenido que responder por (los incumplimientos laborales de) la empresa. Generalmente son pagos de remuneraciones, porque al término del contrato del empleador algunas prestaciones, como sueldos, feriados e indemnizaciones de aviso previo, se tienen que pagar y eso no ha ocurrido- señala el juez Álvaro Flores. Sobre este punto, la carta enfatiza que el ahorro que se busca con la "tercerización" se pierde por los pagos que debe hacer el Poder Judicial para subsanar las faltas de los contratistas.

La carta concluye con tres demandas dirigidas al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: adoptar las medidas suficientes para eliminar la subcontratación dentro del Poder Judicial e incorporar a la brevedad a estos trabajadores como funcionarios de planta; cautelar que el proceso de cambio de empleador no signifique una pérdida de derechos laborales para los trabajadores y eliminar de todos los escritos la expresión Recursos Humanos, "porque las personas no son recursos", concluye.

A modo de ejemplo, la carta menciona el caso de la Universidad de Chile que "ha iniciado un camino exitoso y progresivo de internalización de los trabajadores subcontratados en sus diversas facultades". Ese proceso, acota Flores, "fue impulsado por la movilización de los estudiantes hace un par de años y yo, en mi calidad de presidente de la Asociación de Magistrados, estoy pidiendo a los otros miembros del Poder Judicial y a mi propio gremio que demos un respaldo sólido a esta petición. Espero reunirme con el Consejo Superior de la Corporación del Poder Judicial, que está integrado por cinco ministros de la Corte Suprema que supervigilan todas estas políticas, para exponer al detalle esta idea".

Los jueces firmantes son: Cristián Álvarez, Ricardo Alveal, María Soledad Araneda, Danilo Barría, Sandra Bendeck, Sebastián Bueno, Gloria Cárdenas, María José Casanova de la Jara, Alondra Castro, Enrique Cossio, Elena Cotapos, Álvaro Flores, Lorena Flores, Mónica Jeldres, Luisa Hernández, Paula Iturria, Pedro Maldonado, María Morandé, Liliana Ledezma, Carolina Luengo, Germain Petit Lorent, María Carolina Pinochet, Susana Poblete, Claudia Reyes, María Eugenia Silva, Eduardo Ramírez, Víctor Riffo, Ximena Rivera, Macarena Rebolledo, Inés Recart, Montserrat Retamal, Claudia Tapia, César Torres y Mauricio Vidal.

ACLARACIÓN ENVIADA A CIPER POR EL JUEZ ÁLVARO FLORES

En referencia al artículo "35 jueces acusan abusos laborales en el Poder Judicial y piden fin de la subcontratación", en mi calidad de suscriptor de la misiva, junto a un grupo de magistrados de juzgados de familia y del trabajo, debo hacer presente que el titular de la nota corresponde a una interpretación periodística que induce a error, pues tal como se constata en la carta publicada en su mismo sitio, en ningún lugar se utiliza la expresión "abusos laborales".

Estimamos importante aclarar el punto, pues en términos jurídicos dicha expresión posee una connotación distinta que remite a conductas penadas en nuestra legislación. Lo que hemos expresado dice relación con la preocupación con que observamos la precarización del empleo del personal de aseo y guardias subcontratado, enfatizando que esta realidad atañe al ámbito privado y al ámbito público. Por tal motivo, solicitamos que se cautele que el proceso de cambio de empleador en el marco de las licitaciones no involucre un menoscabo de las condiciones laborales; una revisión de las políticas de contratación para eliminar la subcontratación en el Poder Judicial y la eliminación de la voz "recursos humanos" de los documentos institucionales, porque las personas no son recursos.

Para finalizar, reitero la confianza de los firmantes en la recepción de nuestros planteamientos por parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, como también en la conducción institucional de esta temática que estimamos altamente sensible y relevante para las condiciones contractuales de los trabajadores que prestan servicios personales en el Poder judicial.

Álvaro Flores Monardes
Juez 2º Juzgado del Trabajo

RESPUESTA DE CIPER

Efectivamente, en la carta suscrita por los jueces no hay una mención de "abusos laborales". No obstante, CIPER desea puntualizar que la carta señala expresamente que a los trabajadores se les ofrece una extensión de sus jornadas más allá de lo pactado y se les "impulsa" a que renuncien, perdiendo sus beneficios de antigüedad y derecho a compensación de feriados. Esta práctica no admite dos lecturas: constituye una afectación de los derechos de esos trabajadores, que se ven presionados bajo la amenaza del desempleo, y sin lugar a dudas corresponde a un abuso laboral, ya sea que se produzca en el ámbito privado o en el público.

Mónica González
Directora de CIPER